El derecho a la información abre el camino más directo hacia la justicia social: Patricia Kurczyn.

Con su conferencia magistral inició el Congreso Nacional e Internacional “Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género”

BUAP. 22 de agosto de 2016.- El derecho a la información abre el camino más directo hacia la justicia social y el combate a la corrupción, un tema en el que todos los mexicanos estamos obligados a participar, subrayó la comisionada del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Kurczyn Villalobos, durante la conferencia inaugural del Congreso Nacional e Internacional “Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género”, que tiene lugar en la BUAP con la participación de destacados ponentes del país y el extranjero.

En el Salón Barroco del Edificio Carolino, Kurczyn Villalobos afirmó que el derecho a la información es una garantía individual que fortalece la democracia, combate la impunidad y transparenta la gestión pública.

Ante estudiantes de la BUAP y de otras instituciones educativas del país, precisó: “es un derecho humano garantizado por el Estado mexicano que genera una real y eficiente participación pública, favorece la libertad de expresión y permite tomar mejores decisiones en temas diversos de la cotidianidad”.

La participación de la funcionaria del INAI forma parte de las actividades del Congreso Nacional e Internacional “Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género”, que organiza el Cuerpo Académico Consolidado “Estudios Jurídicos Contemporáneos”, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la BUAP, con la participación de más de 50 destacados ponentes del extranjero y el país, la mayoría de estos últimos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt: diez, nivel III, doce, II, ocho, I y dos candidatos.

Al inaugurar la jornada, el secretario General de la BUAP, René Valdiviezo Sandoval, reconoció la labor de la FDCS “por estar atentos a las necesidades de la sociedad y en función de ello ofertar planes académicos actualizados, con la incorporación de contenidos relacionados con el nuevo esquema de justicia penal que se instauró en México, tras la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio adversarial, que conlleva la realización de juicios orales y la generación de espacios de reflexión, para ahondar en temas de extrema vigencia”.

Durante los dos días de actividades (22 y 23 de agosto) se abordarán temas de derechos humanos, con relación a las drogas, la transparencia e impartición de justicia, el realismo jurídico y su impacto en el sistema procesal acusatorio, oral y garantista; la eficacia-eficiencia de la seguridad humana en tiempos de crisis económicas recurrentes; la igualdad y equidad de género en la procuración e impartición de justicia; y la seguridad humana, entre otros.

El derecho a la información pública es un derecho social

Kurczyn Villalobos, comisionada nacional del INAI, durante su conferencia magistral, realizada en el Salón Barroco del Edificio Carolino de la BUAP, subrayó que gracias a que el derecho a la información pública se considera como una garantía individual fundamental, en México y el mundo los grupos sociales han podido participar en la mejora de la toma de decisiones, para exigir derechos y fortalecer las democracias e instituciones.

Para llegar a esta concepción y las implicaciones sociales de su instrumentalización, señaló que en México y otros países se discutió el alcance de esta garantía. En el contexto nacional, el debate surgió en 1977, cuando se adiciona al artículo sexto constitucional el derecho a la información, con el simple señalamiento de que éste será garantizado por el Estado.

Esta garantía refiere a la atracción de la información, como al derecho de informar y ser informado, dentro de un ámbito universal e interdependiente, así como lo manifiesta el artículo primero de la Constitución, cuando se plantea los principios de derechos humanos.

Señaló que en 1981, el país ratificó este compromiso con la firma de tratados regionales e internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de difundir, hacer y acceder a la información.

“El derecho de acceso a la información se vincula con la libertad de expresión, el derecho de petición, la garantía de audiencia e incluso con la facultad investigadora que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que vemos la interdependencia en materia de derechos”, precisó.

A pesar de estos logros, en 1983, en el país se resolvió que este derecho no podía tener el carácter de garantía individual. “Se trató de un recurso de amparo en relación con la exigencia ciudadana de conocer el destino de fondos públicos, en manos de un partido político”, recordó la investigadora, nivel III del SNI.

Sin embargo, fue hasta 1996 cuando se estableció un nuevo criterio, con el caso Vado de Aguas Blancas, cuando la corte mexicana resolvió que no se estaba frente a un mero derecho político, sino ante una garantía individual, frente a un elemento que combate la cultura del engaño, la manipulación y la ocultación. Con este tipo de antecedentes se aprobó en 2002 la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ahora INAI.

Kurczyn Villalobos precisó que se trata de un derecho constitucional considerado como una garantía individual, aunque también es una garantía de carácter social. “El derecho a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión y se le reconoce, a su vez, como un derecho que resulta fundamental cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, agregó.